Barcelona Energia es la comercializadora eléctrica pública del Área Metropolitana de Barcelona. Su misión es contribuir a la transición hacia un modelo energético sostenible potenciando el autoconsumo, la generación de proximidad y la energía 100% renovable certificada por la CNMC.

Barcelona Energia empezó a suministrar electricidad el 1 de julio a edificios y equipamientos del Ayuntamiento de Barcelona y a 19 organismos y entidades del grupo de empresas municipales, dando servicio a 3.908 puntos. A partir de 2019, también abrirá el servicio a los equipamientos del Área Metropolitana de Barcelona y a la ciudadanía para un máximo de 20.000 viviendas.

El Plenario municipal del Ayuntamiento de Barcelona aprobó el 31 de marzo de 2017 la creación de una comercializadora pública de energía eléctrica a través de la empresa pública Tractament i Selecció de Residus, SA, (TERSA). Desde el mes de febrero, Barcelona Energia ya representa en el mercado eléctrico toda la energía verde que gestiona y explota, unos 200 GWh/año.

Barcelona Energia es la mayor comercializadora eléctrica 100% pública del Estado. Ciudades como Cádiz y Pamplona están apostando por modelos similares al de Barcelona. Es un instrumento de promoción y estímulo de la generación energética local y renovable (principalmente energía solar), tanto a nivel de equipamientos municipales como también para la ciudadanía de Barcelona (autogeneración – autoconsumo). Sus principales valores son:

  • Comercializa energía renovable certificada con garantía de origen 100% renovable, que emite la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
  • Es pública y promueve una gestión de la energía 100% pública y trabaja de forma coordinada con el resto de servicios de la ciudad y la AMB.
  • Promueve la generación local de energía renovable con el objetivo de reducir las pérdidas energéticas asociadas al transporte y de dejar de depender del oligopolio eléctrico actual.
  • Es transparente en cuanto a la información de procedencia de la energía suministrada y los costes del precio final facturado.
  • Promueve la cultura energética de la ciudadanía para mejorar la eficiencia y el ahorro.
  • Permite una gobernanza participada, abriendo espacios a fin de que la ciudadanía pueda tener un papel activo en la toma de decisiones de la comercializadora.
  • Sitúa al ciudadano en el centro, trabajando por el derecho a la energía y para dar respuesta a la Ley 24/2015.