23 September, 2019 - 13:46

Justicia climática. El aumento de la temperatura global del planeta en los próximos años pondrá en riesgo los principales derechos humanos relacionados con la vida y la seguridad, aunque no está reconocido el derecho al medio ambiente.

El movimiento Fridays For Future convoca una huelga global por el clima para el 27 de setiembre para culminar una semana de acciones que coincide con la Cumbre sobre la Acción Climática de la ONU del 23 de setiembre.

El aumento de 2 ºC de la temperatura global del planeta, principal consecuencia de la emisión de gases de efecto invernadero, puede tener consecuencias devastadoras, especialmente para los grupos de población más vulnerables. Este es el consenso que ha adoptado la comunidad internacional. Según el último informe del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés), quedan menos de once años para poder limitar el aumento de la temperatura a un máximo de 1,5 ºC, antes de que la situación sea irreversible. En 2018, a pesar de las medidas de reducción de emisiones de CO2 adoptadas en el marco del Protocolo de Kyoto, como los Mecanismos de Desarrollo Limpio, las emisiones globales aumentaron un 2’7%, según Global Carbon Project. Con la convocatoria de una nueva huelga global para el 27 de setiembre, el movimiento Fridays For Future, inspirado en la activista estudiantil Greta Thunberg, exige a los gobiernos medidas para reducir en un 45 % la emisión de los gases de efecto invernadero, el 70 % de los cuales se producen en los centros urbanos, y lograr una huella de carbono cero para el año 2050. Ante este panorama, ¿cómo afecta la crisis climática al ejercicio de los derechos humanos?

Sequías, destrucción de cosechas, incendios y desertificación son algunos de los efectos que se esperan en los próximos años, algunos de los cuales, según la Organización Meteorológica Mundial, ya se han experimentado en Alaska y en la zona norte de Canadá este verano. En Cataluña, la temperatura media ha subido 2,5º desde 1950 y según el Servicio Metereológico de Cataluña, 2018 fue el séptimo año más cálido desde entonces. La Organización Mundial de la Salud estima que entre los años 2030 y 2050 se producirán 250.000 muertes adicionales por año a causa de la desnutrición, la malaria y los golpes de calor. Por su parte, el Banco Mundial apunta que 100 millones de personas más pueden caer en la pobreza hacia el año 2030. Si la temperatura global aumenta 2 ºC, un 14 % de la población mundial verá reducido su acceso a agua potable, un problema que actualmente ya sufren 1.100 millones de personas.

Los efectos del calentamiento acelerado impactan directamente sobre los grupos de población más vulnerables, como los que sufren pobreza o no tienen las herramientas para hacer frente al cambio climático, como información y avances tecnológicos, o los que viven en zonas geográficas de mayor riesgo por las condiciones meteorológicas.

Según un estudio de la Universidad de Stanford, entre el año 1960 y el 2000 el aumento de la temperatura del planeta afectó directamente a los ingresos per cápita de los países más pobres, que se concentran en las zonas más cálidas, entre un 17 % y un 30 %. Al mismo tiempo, hay que recordar que estos países son los que menos emisiones de dióxido de carbono generan: el continente africano, con el 13 % de la población mundial, únicamente emite el 3 % de los gases de efecto invernadero.

Este cambio climático también afecta directamente al surgimiento y la reproducción de conflictos armados y de otras formas de violencia ocasionadas por la escasez de recursos, especialmente en países donde ya hay conflictos generalizados por la extracción de recursos, como es el caso de la República Democrática del Congo. Otro estudio de la Universidad de Stanford, publicado en la revista Nature, asegura que, en un hipotético escenario en el que la temperatura aumentara 4 ºC, se incrementarían en un 26 % las posibilidades de conflictos relacionados con el cambio climático. Además, cabe destacar la violencia ejercida contra defensoras del medio ambiente que, por ejemplo, se oponen a proyectos extractivistas, como el asesinato de las activistas Berta Cáceres en Honduras o Diana Isabel Hernández en Guatemala. La Organización Global Witness señala que en 2018 fueron asesinadas 168 activistas mediombientales en todo el mundo.

Según la Organización Mundial de las Migraciones, para el año 2050 puede haber hasta 200 millones de potenciales migrantes climáticos, una cifra que supera la de las migraciones actuales a causa de conflictos armados y por razones económicas, aunque a estas alturas el derecho internacional no ha aceptado el término refugiado climático.  El último estudio del Centro de Monitorización de Desplazamientos Internos apunta que el año 2018 hubo 17 millones de desplazamientos relacionados con los efectos del cambio climático y las condiciones meteorológicas extremas. Según un informe del Banco Mundial, para el año 2020 puede haber 140 millones de desplazamientos internos en África, en el sur del Sáhara, en Asia meridional y en América Latina.

Estos datos suponen la crisis humanitaria más importante del siglo XXI, con la vulneración de derechos humanos básicos como el derecho a la vida y a la salud, el derecho al agua y a la alimentación, el derecho a la vivienda y el derecho al desarrollo, todos ellos recogidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Recientemente más de doscientos líderes y activistas medioambientales y defensores de derechos humanos y académicos han firmado una declaración con la que solicitan a los estados que activen mecanismos para combatir la crisis climática para la supervivencia de la humanidad. Entre otras acciones, los firmantes también pretenden emprender más litigios conjuntos por conflictos climáticos, abordar la financiación de los combustibles fósiles por parte del sistema financiero e impulsar más campañas de movilización, según informa Amnistía Internacional.

 

Poco reconocimiento del derecho al medio ambiente

La relación entre el medio ambiente y los derechos humanos hace tiempo que se ha hecho patente en la legislación internacional, por ejemplo, en la Declaración de Estocolmo de 1972 o en la Declaración sobre Medio Ambiente y Desarrollo de las Naciones Unidas de 1992. La Declaración Universal de los Derechos Humanos Emergentes (DUDHE), impulsada por la sociedad civil en el marco del Foro Universal de las Culturas del año 2004, en su artículo 3, reconoce: “El derecho de todo ser humano y de los pueblos en que se integran a vivir en un medio ambiente sano, equilibrado y seguro, a disfrutar de la biodiversidad presente en el mundo y a defender el sustento y continuidad de su entorno para las futuras generaciones”.

Según el documento Derechos humanos y cambio climático, del Instituto en Derechos Humanos de Cataluña (IDHC), “ninguno de los intentos por conseguir el reconocimiento del derecho humano al medio ambiente en el ámbito universal ha cristalizado en normas jurídicas internacionales. Las únicas excepciones significativas son la Carta africana de los derechos humanos y de los pueblos, adoptada en Nairobi en 1981, y el Protocolo de la Convención Americana de Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, adoptado en San Salvador en 1988. (…) No obstante, en ambos casos se trata de convenios de alcance regional cuyo impacto, en la práctica, es, además, limitado”.

A pesar de los treinta años de convenciones y acciones en el marco del Protocolo de Kioto y el Acuerdo de París, que, aunque no es vinculante, insta a los estados a reducir la emisión de CO2 y otros gases, y el Pacto de los alcaldes y alcaldesas por el clima y la energía, el reconocimiento del derecho humano a un medio ambiente sano y sostenible es una asignatura pendiente de la comunidad internacional.

Hoy en día países como el Reino Unido y España ya han declarado el estado de emergencia climática. En el caso de España, los grupos ecologistas aseguran que la declaración está vacía de contenido y exigen medidas concretas de justicia climática para avanzar hacia una energía cien por cien renovable.

En julio del 2019 se constituyó en Barcelona la Mesa de Emergencia Climática, formada por la red Barcelona + Sostenible y distintas instituciones, que se prepara para declarar la emergencia climática en enero del 2020, coincidiendo con la puesta en marcha de la zona de bajas emisiones. En su declaración, la mesa se compromete a trabajar en un plan de acción para hacer frente a la crisis. Mientras tanto, Barcelona seguirá implementando medidas para reducir el 40 % de las emisiones de gases de efecto invernadero para el 2030, como la mejora de tramos urbanos que faciliten la movilidad activa, la pacificación integral en 22 centros escolares o el desarrollo de mecanismos fiscales para luchar contra la congestión y la contaminación, como la tasa metropolitana para la movilidad sostenible.