30 September, 2019 - 18:07

Derechos energéticos. Declaración institucional del Pleno para que la compañía eléctrica cumpla la ley.

Desde la aprobación de la Ley 24/2015 de pobreza energética, en Barcelona se han detenido más de 63.000 cortes de suministro de luz, gas o agua. Antes de cortar la luz, el agua o el gas de un hogar, las compañías suministradoras están obligadas a solicitar un informe preceptivo a los servicios sociales municipales para determinar si se trata de una familia en riesgo de vulnerabilidad. El Plenario municipal de septiembre ha aprobado la declaración institucional para instar a la compañía eléctrica Endesa a condonar la totalidad de la deuda generada por las familias en riesgo de pobreza energética.

VÍDEO. Ada Colau: “Más allá de que no aceptaremos estos cortes y estas amenazas, de que aplicaremos la ley y de que, si es necesario, sancionaremos tantas veces como haga falta a Endesa.”

Después del Plenario municipal de septiembre, los grupos municipales de Barcelona en Comú, ERC, el PSC, J×Cat y el PP han leído una declaración institucional, junto con representantes de las entidades que forman la Alianza contra la Pobreza Energética, para instar a las suministradoras de luz, gas y agua a cumplir la Ley 24/2015 y condonar la totalidad de la deuda generada por las familias en riesgo de pobreza energética.

La ley catalana 24/2015 sobre la pobreza energética obliga a las empresas de suministro a solicitar, antes de cortar la luz, el agua o el gas de un hogar, un informe preceptivo a los servicios sociales municipales para determinar si se trata de una familia en riesgo de vulnerabilidad. En caso de no solicitarlo y cortar la luz, el gas o el agua a un hogar vulnerable, las administraciones como el Ayuntamiento de Barcelona activan medidas administrativas, sociales y judiciales para defender los derechos energéticos de los vecinos y vecinas.

Actualmente, el Ayuntamiento de Barcelona tiene cerrados nueve expedientes sancionadores a compañías suministradoras de luz, agua o gas, con sanciones de 30.000 euros cada uno, y tiene 19 más en trámite. La ley establece que las infracciones graves pueden comportar multas de 10.001 a 100.000 euros.

Servicios en defensa de los derechos energéticos

Durante los últimos años los servicios municipales han puesto en marcha protocolos de detección de pobreza energética, también con los Bomberos de Barcelona, y se han abierto once puntos de asesoramiento energético, que ofrecen una atención personalizada para reducir el gasto en luz, agua y gas, optimizar los servicios, mejorar la eficiencia energética del hogar y hacer gestiones con las compañías. Desde el 2017 hasta ahora, a través de los puntos de asesoramiento energético, se han detenido más de 37.240 cortes eléctricos.

Las personas que no pueden pagar las facturas de luz, agua o gas, así como las que necesitan que las orienten o las acompañen a la hora de realizar algún trámite, pueden dirigirse al punto de asesoramiento energético más próximo a su domicilio.