Para garantizar el suministro básico de energía a todas las personas se requieren medidas combinadas que consigan cambios estructurales efectivos que equilibren las desigualdades que generan pobreza energética.

En este sentido, la medida de gobierno de Transición hacia la soberanía energética, que fue aprobada por el Ayuntamiento de Barcelona en julio de 2016, determina que el acceso a la energía es un derecho básico y un objetivo primordial de la ciudad y, por lo tanto, plantea:

  • Coordinar actuaciones con el área de derechos sociales para identificar a las personas vulnerables y poner en marcha las actuaciones que sean necesarias.
  • Establecer criterios sociales en todas las actuaciones energéticas.
  • Continuar la relación con las empresas suministradoras para evitar cortes de suministro.
  • Trabajar una política tarifaria que ofrecerá la comercializadora y que establezca una tarifa específica para la población más vulnerable.
  • Poner en funcionamiento un servicio de información, asesoramiento y acompañamiento para resolver problemas energéticos de la ciudadanía que lo necesite, con criterios de proximidad, accesibilidad y claridad, en equipamientos de proximidad, como los puntos de asesoramiento energético (en las oficinas de Vivienda) y La Fàbrica del Sol, entre otros.
  • Elaborar campañas informativas.
  • Establecer sistemas que permitan reinvertir parte del dinero que actualmente se destina al pago de facturas energéticas en políticas estructurales de autoconsumo y ahorro y eficiencia energéticos.

En definitiva, se quiere evitar que haya más cortes de suministro y conseguir que las personas vulnerables tengan garantizado el acceso a la energía.