Esta medida de gobierno fue aprobada por el Ayuntamiento en julio del 2016 con un presupuesto de 130 millones de euros. Su aprobación demuestra que la ciudad trabaja para crear su propio modelo energético basado en el suministro de energía 100 % renovable, con cero emisiones y accesible a todo el mundo de manera democrática.

Este cambio requiere tiempo, ya que supone implicar a la ciudadanía y capacitarla para tomar decisiones sobre la energía, repensar las soluciones de financiación, diseñar nuevos modelos de gobernanza adecuados y entender la planificación urbana como herramienta para avanzar hacia un futuro sostenible y bajo en carbono.

Es una apuesta por la soberanía energética, por reducir el consumo de energía mediante la eficiencia energética, el autoconsumo y el uso responsable de la energía, por una máxima generación energética local utilizando los recursos propios, ya sean renovables (como el sol) o residuales, y por asegurar un suministro básico para todos los ciudadanos. Asimismo, deben resolverse los problemas que plantea la actual normativa energética y se tiene que hacer de la colaboración ciudadana una cuestión estratégica.

En resumen, el Ayuntamiento lidera una nueva política real que debe permitir alcanzar la transición hacia la soberanía energética colocando las necesidades de las personas y las cuestiones energéticas en el centro de las prioridades municipales.